El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se creó para intervenir en caso de catástrofes naturales graves y aportar la solidaridad europea a las regiones de Europa donde se produzca un siniestro. Se creó como respuesta a las grandes inundaciones del verano de 2002 en Europa central. Desde entonces, se ha utilizado en 80 catástrofes de muy diversos tipos, como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas y sequías. Se ha ayudado a 24 países europeos con más de 500 millones de euros.
En respuesta a la pandemia de COVID-19, el 1 de abril de 2020 se amplió el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con el fin de dar cobertura a las emergencias graves de salud pública.
La financiación del FSUE complementará los esfuerzos de los países afectados y cubrirá una parte de su gasto público para:
- prestar ayuda rápida a las personas a las que afecte una emergencia grave de salud pública por COVID-19 (incluida atención médica)
- proteger a la población frente a los riesgos asociados, ya sea mediante la prevención, el seguimiento o el control de la propagación de la enfermedad, la lucha contra los riesgos graves para la salud pública o la mitigación de su impacto.
En cuanto a los costes que cubre el fondo, se trata de todo tipo de asistencia a la población (medidas médicas, sanitarias y de protección civil) y cualquier medida adoptada para contener la enfermedad. En concreto:
- atención médica (incluidos los medicamentos, los equipos y productos sanitarios, la asistencia sanitaria y las infraestructuras de protección civil)
- análisis de laboratorio
- medidas extraordinarias de asistencia sanitaria y atención médica para COVID-19 que conlleven costes adicionales
- equipos de protección individual (EPI)
- asistencia especial a la población, en particular a grupos vulnerables (personas de edad avanzada o con problemas de salud, embarazadas, familias monoparentales, etc.)
- ayudas especiales para mantener la operatividad del personal sanitario y de emergencias
- desarrollo de vacunas o medicamentos
- mejora de la capacidad para planificar la preparación y comunicar al respecto
- mejora de la evaluación y la gestión de riesgos
- desinfección de edificios e instalaciones
- controles sanitarios, incluidos los controles en frontera
- todos los costes adicionales de personal generados por la epidemia.